El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México sancionó a doce municipios, un organismo municipal de agua potable y cuatro entidades estatales por diversas anomalías e incumplimientos. Entre los municipios sancionados se encuentran Cuautitlán, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Toluca y Huixquilucan, debido a la opacidad en la entrega de información requerida para las auditorías. Las sanciones incluyen medidas económicas impuestas a 17 entidades fiscalizables estatales y municipales.
Las entidades que enfrentaron medidas de apremio incluyen los municipios de Acambay, Ocoyoacac, Villa de Allende, Valle de Chalco Solidaridad, Temascalcingo, Villa del Carbón, Cuautitlán, Toluca, Huixquilucan, Tlalnepantla, Malinalco y Jaltenco, además del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chalco (ODAS). También fueron sancionados el Instituto de Salud del Estado de México, el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión de Agua del Estado de México.
![Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México](https://static.wixstatic.com/media/0b72fe_32f1284dc4844c2ca22888ca14bc800c~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_593,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/0b72fe_32f1284dc4844c2ca22888ca14bc800c~mv2.jpg)
Foto: Cuestión de Polémica
Estas entidades no atendieron las solicitudes de información o la entregaron de manera incompleta, lo que obstaculizó los actos de fiscalización. Las auditorías especiales involucradas abarcaron cumplimiento financiero, inversión física, desempeño y legalidad. La Unidad de Asuntos Jurídicos del OSFEM aplicará las sanciones correspondientes conforme a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
La falta de transparencia y la presentación de información inconsistente o incompleta por parte de estas entidades subraya la necesidad de un mayor rigor en el cumplimiento de las normativas fiscales y de auditoría. Las sanciones buscan mejorar la rendición de cuentas y asegurar una gestión financiera más eficiente y transparente en el estado.
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