Esta medida se da en el contexto de las tensiones por la reforma constitucional que busca transformar el Poder Judicial en México.
Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf han dejado claro que la participación de sus colegas en el paro judicial podría llevar a sanciones severas, incluyendo la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las tres ministras, que han decidido no unirse a las acciones de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, subrayaron que los actos que atentan contra los intereses públicos fundamentales son causales de destitución según las leyes mexicanas.
Entre las leyes violadas por los ministros que apoyaron el paro se encuentran el artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a la impartición de justicia, y el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la responsabilidad de los servidores públicos de cumplir con sus funciones. Además, la jurisprudencia 118/2016 de la SCJN prohíbe a los ministros suspender la prestación del servicio público, lo que agrava aún más la situación de los ministros en paro.
Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf/ Foto: Diario de Tabasco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha respaldado la postura de las ministras disidentes, denunciando que las suspensiones emitidas por jueces federales para frenar la reforma judicial representan un ataque a la soberanía popular. Gómez argumenta que esta actitud de los jueces y ministros es un reflejo de su resistencia a perder los privilegios que han mantenido por años, lo que ha causado un daño significativo a la credibilidad del Poder Judicial en México.
La actitud de los ministros en paro ha sido calificada como un acto de insurrección por las ministras disidentes, quienes consideran que este grupo ha exhibido su desprecio por la Constitución y por los ciudadanos. Para ellas, el desalojo de esta "mafia" del Poder Judicial es urgente para restaurar la credibilidad y la justicia en el país.
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