La madrugada del 14 de agosto, Mario Marín Torre fue trasladado desde el penal de máxima seguridad del Altiplano a su domicilio en Puebla, donde llevará su proceso en prisión domiciliaria.
Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, dejó la prisión de máxima seguridad del Altiplano la madrugada de este miércoles 14 de agosto. El exmandatario, quien enfrentaba cargos por tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue trasladado en una ambulancia de la Guardia Nacional a su domicilio en la colonia Xilotzingo, Puebla, donde cumplirá su proceso en arresto domiciliario.
El expriista fue acusado de haber ordenado, en diciembre de 2005, la tortura de Lydia Cacho, en represalia por la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el cual se reveló una red de pornografía infantil que involucraba a personajes influyentes. Tras ser detenido en febrero de 2021, Marín permaneció en el penal del Altiplano durante casi tres años y medio hasta que las autoridades judiciales de Quintana Roo decidieron modificar sus medidas cautelares.
Lydia Cacho denunció que el exgobernador de Puebla dejará la cárcel luego de que una juez le concedió la prisión domiciliaria. Fotos: Cuartoscuro
El cambio en las medidas cautelares permitió a Marín llevar su proceso en prisión domiciliaria, con restricciones que incluyen la prohibición de salir del estado de Puebla y del país, el uso de un brazalete electrónico, y la vigilancia permanente en su domicilio. Además, se le impuso una garantía económica de 100 mil pesos y la prohibición de acercarse a la víctima.
El traslado de Marín a su domicilio fue realizado bajo un fuerte operativo de seguridad, con tres patrullas escoltando el vehículo que lo transportaba. La decisión de otorgarle arresto domiciliario ha generado reacciones en la opinión pública, especialmente debido a la gravedad de las acusaciones en su contra y la notoriedad del caso, que ha sido emblemático en la lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos en México.
Lydia Cacho, por su parte, continúa su lucha por justicia y ha denunciado las amenazas y represalias que ha enfrentado desde la publicación de su libro. El caso sigue siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan los periodistas en México al denunciar actos de corrupción y abuso de poder.
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