El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una de sus últimas batallas políticas antes de dejar el poder, centrada en una controvertida reforma judicial que podría definir el rumbo del próximo gobierno.
La reforma judicial que López Obrador promueve busca consolidar la Cuarta Transformación (4T) al eliminar los obstáculos que él enfrentó en la Corte durante su mandato. La propuesta ha generado un intenso debate, ya que su aprobación podría desmantelar el actual aparato judicial y reemplazarlo con un nuevo modelo que aún carece de un plan claro de implementación. Este enfoque radical ha levantado preocupaciones en diversos sectores, incluidos el Poder Judicial, las élites económicas, y la comunidad internacional, quienes temen por las consecuencias que una reforma tan ambiciosa podría tener en la gobernabilidad y la economía del país.
La tensión se incrementa con la posibilidad de que Morena, gracias a su mayoría calificada en el Congreso, pueda aprobar la reforma sin el apoyo de la oposición. Este escenario ha generado una respuesta sin precedentes del Poder Judicial, que ha convocado a un paro indefinido en protesta por lo que consideran un atentado contra su independencia. A esta protesta se suman los organismos empresariales y las calificadoras internacionales, que han advertido sobre los riesgos que esta reforma podría representar para la estabilidad económica y el respeto a los acuerdos internacionales como el T-MEC.
Diputados, consejeros del INE y ministros de la Suprema Corte durante una mesa de diálogos sobre la reforma judicial, el 30 de julio./Foto: Mario Jasso (CUARTOSCURO)
El impacto de esta reforma no solo afectará al gobierno de López Obrador, sino que dejará una pesada carga para su sucesora, Claudia Sheinbaum. La próxima presidenta se enfrentará a la difícil tarea de implementar un cambio profundo en el sistema judicial, con la presión de obtener resultados inmediatos en un área que ha resistido reformas significativas durante décadas. El desafío es monumental, ya que implica no solo la reforma de la justicia, sino la renovación de más de mil 600 cargos de ministros y jueces en todo el país, lo cual podría llevar al sistema al borde del colapso si no se maneja con cuidado.
Ante este panorama, la decisión de avanzar con la reforma judicial en los últimos meses del mandato de López Obrador se percibe como una movida arriesgada que podría complicar innecesariamente la transición y poner en peligro la estabilidad del próximo gobierno. Aunque la intención es despejar el camino para la continuidad de la 4T, las consecuencias de este último combate político podrían ser profundas y duraderas, afectando tanto a la gobernabilidad como a la confianza en las instituciones del país.
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