Un total de 31 personas internadas en centros privados de rehabilitación en Mazatlán dejaron las instalaciones entre el lunes y el martes de esta semana. Según la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, los internos habrían abandonado los lugares de manera voluntaria, aunque se ha abierto una investigación para determinar si hubo coerción por parte de grupos armados.
El lunes, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que 16 personas internadas en el centro Pertenecer Mazatlán decidieron seguir a varios sujetos que los invitaron a trabajar con ellos. Según testigos y el director del lugar, los civiles armados solicitaron la colaboración de los internos sin que se reportaran actos de violencia en el sitio. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado inició una investigación para esclarecer los hechos.
![La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó la salida de 31 pacientes de 5 centros de rehabilitación en Mazatlán, Sinaloa, de manera voluntaria./ Foto: Especial](https://static.wixstatic.com/media/0b72fe_a1ab9aa5942d411e81989827fc0c9dce~mv2.jpeg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/0b72fe_a1ab9aa5942d411e81989827fc0c9dce~mv2.jpeg)
La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó la salida de 31 pacientes de 5 centros de rehabilitación en Mazatlán, Sinaloa, de manera voluntaria./ Foto: Milenio
Posteriormente, la fiscal Sánchez Kondo indicó que se realizaron recorridos por otros centros de rehabilitación en Mazatlán, donde se detectaron casos similares. En uno de estos centros, 10 personas también abandonaron el lugar, mientras que en otros tres se reportaron salidas de cuatro y una persona, respectivamente, bajo circunstancias similares.
Fuentes policiales señalaron que presuntos miembros del crimen organizado ingresaron a centros como Proceder Matriz, Pertenecer Mazatlán, Abad, CRADHAC y Tú Puedes. Los sujetos exigieron que se les permitiera entrar para ofrecer a los internos unirse a sus filas a cambio de dinero. Antes de retirarse, obligaron a los empleados a borrar los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en los lugares.
Las autoridades lamentaron que personas decidan colaborar con actividades al margen de la ley, pero aseguraron que continuarán investigando para esclarecer los posibles vínculos entre estos eventos y grupos criminales. Además, se anunció que habrá seguimiento puntual para garantizar la seguridad de los centros de rehabilitación en la región.
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