Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) revelaron que los gobiernos municipales de Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico habrían financiado actividades del cártel de La Familia Michoacana mediante recursos públicos y acuerdos con la organización criminal.
En Amanalco, las indagatorias apuntan a que el cabildo aprobaba acuerdos que destinaban recursos al cártel. Por cada acuerdo, entregaban 100 mil pesos, además de transferencias trimestrales de 1 millón de pesos y la mitad del presupuesto de obras públicas. La alcaldesa María Elena “N”, actualmente detenida, sostenía reuniones con los líderes de La Familia Michoacana, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, quienes tenían conocimiento de la gestión administrativa y conflictos internos.
En Santo Tomás de los Plátanos, la alcaldesa María de Rosario “N”, actualmente prófuga, habría proporcionado al cártel listas de beneficiarios de apoyos gubernamentales y datos de ciudadanos que reciben remesas para facilitar extorsiones. Además, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectó irregularidades graves en la cuenta pública de 2023, como falta de suficiencia presupuestaria en áreas clave y un incremento desproporcionado en gastos de oficina.
En Tonatico, también se detectaron desvíos de recursos municipales hacia actividades delictivas, aunque los detalles específicos siguen bajo investigación. La FGJEM analiza partidas presupuestales municipales, estatales y federales para determinar cómo fueron utilizadas para financiar al cártel.
Estas revelaciones subrayan la grave infiltración del crimen organizado en administraciones locales del sur del Estado de México, una región de alta influencia para La Familia Michoacana. Las autoridades continúan las investigaciones y buscan a los funcionarios prófugos implicados.
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