El OSFEM revela que Naucalpan, Chalco, Atizapán y Los Reyes tienen cuentas pendientes con sus presupuestos, además de otros municipios mexiquenses con más de mil 700 millones en observaciones.
Cuatro municipios del Estado de México, entre ellos Naucalpan, Chalco, Atizapán y Los Reyes, no han esclarecido el destino de más de 404 millones de pesos de sus presupuestos, según el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). En particular, Naucalpan tiene la mayor cantidad de cuentas pendientes, con un total de 300 millones de pesos correspondientes a los años 2011, 2012 y 2015. Estos recursos fueron manejados durante las gestiones de Azucena Olivares y David Sánchez Guevara, ambos del Partido Verde y PRI.
Las irregularidades detectadas abarcan un periodo más amplio, de 2009 a 2017, antes de la entrada en vigor de la ley anticorrupción. Según Miroslava Carrillo, directora del OSFEM, diversos municipios mexiquenses aún deben justificar el destino de mil 700 millones de pesos. Aunque en los últimos cuatro años se han logrado reintegrar 251 millones a las haciendas municipales, las irregularidades siguen siendo comunes, derivando en sanciones y procedimientos legales.
Diversos municipios mexiquenses aún deben justificar el destino de mil 700 millones de pesos. /Foto: Freepik
Entre las sanciones impuestas, el OSFEM ha recaudado tres millones de pesos en multas por la omisión de entrega de información de fiscalización. La resistencia de algunos servidores públicos para proporcionar los datos ha sido un obstáculo recurrente. Además, municipios como Tepotzotlán y Ocuilan han sido multados y denunciados penalmente por desacatar las órdenes de entregar la documentación requerida.
Actualmente, el OSFEM ha presentado siete denuncias penales contra diversos ayuntamientos, como los de Ecatepec, Almoloya de Juárez y Santo Tomás. Uno de los casos más notorios es el del alcalde de Almoloya de Juárez, Óscar Sánchez, quien otorgó un vehículo del Ayuntamiento a su exesposa como parte de su proceso de divorcio, lo que generó un proceso penal en su contra.
Las sanciones por desvío de recursos y otras faltas han afectado a 63 servidores públicos, incluyendo alcaldes, tesoreros y otros funcionarios. Estas penalizaciones varían desde suspensiones temporales hasta inhabilitaciones prolongadas, y también afectan a instituciones educativas como la Universidad Politécnica de Chimalhuacán y el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco.
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