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Crisis de violencia en Tabasco: segunda masacre en prisión en menos de dos meses

  • Mariana Nava
  • 5 feb
  • 3 Min. de lectura

El Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Crest) ha sido nuevamente escenario de una matanza. Este martes, un enfrentamiento entre bandas rivales dentro del penal dejó siete reos muertos, repitiendo la cifra de fallecidos del motín de diciembre. La crisis de seguridad en la prisión, sumada al aumento de la violencia en el estado, pone bajo presión al gobierno local y a las autoridades penitenciarias, quienes han sido señaladas por organizaciones de derechos humanos desde hace años.

 

Las autoridades aún no han esclarecido las causas del enfrentamiento, limitándose a informar que ya se inició una investigación. Sin embargo, los antecedentes del penal evidencian un deterioro progresivo en el control de la seguridad interna. En diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió medidas urgentes para proteger la integridad de los reos, pero la nueva masacre sugiere que dichas recomendaciones no fueron atendidas. Además, desde 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco ha denunciado presuntas violaciones a los derechos de los internos, señalando la complicidad de funcionarios del centro penitenciario.


Las autoridades aún no han esclarecido las causas del enfrentamiento, limitándose a informar que ya se inició una investigación./ Foto: El País

Las autoridades aún no han esclarecido las causas del enfrentamiento, limitándose a informar que ya se inició una investigación./ Foto: El País


El Crest ya venía registrando episodios violentos desde noviembre, cuando un operativo policial decomisó armas y drogas dentro de la prisión. En respuesta, los reclusos intentaron provocar un motín, aunque este fue controlado rápidamente. Sin embargo, un día después, el director del penal, Juan Manuel Arteaga, renunció repentinamente tras recibir amenazas del crimen organizado, que incluso dejó un cadáver con un mensaje intimidatorio a las puertas de la cárcel. Su sucesor, Enrique Díaz Álvarez, asumió el cargo sin explicaciones claras sobre la salida de Arteaga, y en apenas dos meses ha enfrentado dos matanzas dentro del penal.

 

La violencia en Tabasco no se ha limitado a la prisión. En los últimos meses, el estado ha sido testigo de múltiples asesinatos que reflejan la presencia creciente del crimen organizado. En enero, un ataque armado en el bar La Casita Azul dejó siete muertos y cinco heridos. En noviembre, otro bar en Villahermosa fue escenario de una masacre con seis víctimas. Además, han aparecido cuerpos desmembrados en carreteras y panteones, y dos policías han sido asesinados, incluyendo al exdirector de la Agencia de Investigación de Tabasco. A esto se suma el homicidio del periodista Alejandro Gallegos, incrementando la sensación de impunidad.

 

Cinco muertos y siete heridos es el saldo de un ataque al bar La Casita Azul, en Villahermosa, Tabasco./ Foto: Tabasco al minuto

Cinco muertos y siete heridos es el saldo de un ataque al bar La Casita Azul, en Villahermosa, Tabasco./ Foto: Tabasco al minuto


El gobernador de Tabasco, Javier May, ha acusado a su predecesor, Adán Augusto López, de haber permitido el crecimiento del grupo criminal La Barredora durante su administración. La captura de uno de sus líderes, Carlos Tomás “N”, alias El Tomasín, desató una ola de violencia en Villahermosa, con balaceras, incendios y cadáveres abandonados con mensajes de advertencia. Como si fuera una muestra de control territorial, el Cártel Jalisco Nueva Generación distribuyó roscas de Reyes y regalos en varias comunidades el mismo día de la masacre en La Casita Azul. Ante esta crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de 180 agentes de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa a Tabasco, pero la reciente masacre en el Crest pone en duda la efectividad de la estrategia de seguridad.

 

Tabasco atraviesa una crisis de violencia sin precedentes, con un sistema penitenciario fuera de control y el crimen organizado disputando el territorio con extrema brutalidad. Las autoridades estatales han sido incapaces de contener la escalada de asesinatos, y la presencia de fuerzas federales no ha logrado frenar la violencia. Mientras la inseguridad sigue cobrando vidas, la impunidad y la corrupción en las instituciones dejan al estado en una situación crítica, con pocas señales de solución a corto plazo.

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