Su desaparición ha despertado un gran interés en la sociedad, ya que está relacionada con una denuncia de abuso sexual contra su hermanastro, Andrey "N", y ha generado un debate sobre las acciones del DIF y las autoridades involucradas.
Fidel Corvera Gutiérrez, director de la Unidad de Desaparecidos de Baja California, informó que Kristina VR llegó a Tijuana por su propia voluntad, escapando de las instalaciones del DIF Edomex, donde había permanecido casi un año. Según la joven, tomó un avión con destino a la ciudad fronteriza, con la intención de reunirse con una familia que había contactado a través de redes sociales y un hombre mayor, que le ayudaría a cruzar hacia Estados Unidos.
Manifestantes en favor de Kristina por las omisiones institucionales del DIFEM. Foto: ADNoticias
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha proporcionado detalles adicionales sobre el caso, y el DIF del Estado de México ha mantenido silencio a pesar del interés que ha suscitado en la sociedad. La falta de respuestas por parte de las autoridades ha levantado cuestionamientos sobre el manejo del caso y las condiciones en las que Kristina vivía bajo su tutela.
La historia de Kristina comenzó cuando denunció abuso sexual por parte de su hermanastro, Andrey "N", una acusación que fue negada por su madre adoptiva, Marina Vladimirovna, quien actualmente se encuentra fuera del país. A pesar de que se habló de la posibilidad de emitir una ficha roja de Interpol para localizar a Andrey, no se ha hecho pública dicha medida, lo que genera más incertidumbre sobre el proceso legal.
El Código Penal del Estado de México establece que el abuso sexual es un delito grave, especialmente cuando la víctima es menor de edad. Las sanciones varían de 8 a 15 años de prisión, junto con multas, y pueden agravarse si hay violencia física o si el abusador tiene una relación cercana con la víctima, como es el caso de Andrey “N”. Además, el responsable pierde cualquier derecho sobre la víctima, como la patria potestad o la tutela.
El caso de Kristina VR resalta la gravedad del abuso sexual en menores y la vulnerabilidad de aquellos que están bajo custodia de instituciones públicas. La situación deja en evidencia una serie de omisiones y fallas tanto en la protección de la joven como en la actuación de las autoridades responsables de hacer justicia.
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