La venta de casas en remate bancario se ha convertido en un terreno fértil para fraudes, advierten expertos en bienes raíces. En el Valle de Toluca, los casos de compradores engañados por supuestos gestores inmobiliarios han ido en aumento en los últimos meses, lo que pone en riesgo el patrimonio de las personas interesadas en adquirir inmuebles a precios reducidos.
Fraudes inmobiliarios en los últimos meses en un remate hipotecario han incrementado significativamente en el Valle de Toluca./ Foto: López-Dóriga Digital
Fabiola Pérez Serrano, directora de Grupo H Bienes Raíces, explicó que los defraudadores utilizan fotografías de inmuebles anunciados en redes sociales, alegando que están disponibles en remates bancarios, aunque las propiedades aún no están en posesión de los bancos. Aprovechando el atractivo de los precios bajos, estos falsos gestores solicitan anticipos para apartar las casas y, una vez que reciben el dinero, desaparecen.
Los fraudes suelen estar respaldados por la creación de empresas ficticias, páginas web falsas y oficinas temporales. Ante esta situación, Pérez Serrano recomendó a los compradores trabajar únicamente con empresas establecidas y reconocidas en el sector, verificar que tengan oficinas propias y personal capacitado, e incluso confirmar con los bancos si colaboran con dichas firmas.
En México, los remates bancarios ofrecen descuentos que oscilan entre el 10 % y el 40 % del valor comercial de las propiedades, dependiendo de factores como la ubicación, el estatus legal y la etapa del remate. Sin embargo, las propiedades en las primeras etapas del proceso suelen tener mayores descuentos, mientras que las que no se venden en las primeras subastas tienden a reducir aún más su precio. Estas inversiones, no obstante, requieren tiempo para resolver trámites legales y no permiten posesión inmediata.
Un caso reciente en Toluca puso de manifiesto la vulnerabilidad de los compradores. Un cliente que fue víctima de fraude al adquirir una casa en remate no obtuvo respaldo ni de la Fiscalía General de Justicia ni de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a la falta de conocimiento sobre cómo proceder. Este incidente resalta la necesidad de fortalecer la supervisión y regulación en este tipo de transacciones para proteger a los consumidores.
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